Ley de Quiebra o el Salvavidas de las empresas insolventes
Artículo publicado el 10 de enero de 2017 en Martes Financiero - La Prensa
por Sherly Díaz
El país dio un paso importante en materia legal–comercial. Desde el pasado 2 de enero entró en vigencia la Ley 12 de 19 de mayo de 2016 para salvar a aquellas empresas en crisis económica, con la protección del crédito y de los acreedores. Expertos aseguran que el instrumento legal provee la posibilidad de reorganización y reestructuración a una compañía en aprietos para seguir su actividad. Crea el régimen de los procesos concursales de insolvencia mediante la reorganización y la liquidación. Se trata de una nueva figura en el país. La empresa que tenía dificultades económicas podía ser demandada sin posibilidad de reorganizarse para salir de esta situación, comentan. La actual legislación le permite a las organizaciones la oportunidad de someterse, en un periodo indefinido, a una reorganización bajo la supervisión de un juez y sus auxiliares en calidad de administradores, y así poder salir del estado de insolvencia. La petición para acogerse a la denominada ley de quiebra debe presentarse por la empresa —por ahora— ante un juez civil, aunque la legislación crea una jurisdicción especializada en temas de reorganización e insolvencia o liquidación de sociedades, pero aún no ha sido designada. Diego Maximin Jované, asociado a cargo de litigios de la firma de abogados Britton & Iglesias (Brig), brinda los detalles de esta novedosa legislación. ¿Qué tan frecuentes son los casos de empresas que atraviesan por una situación de insolvencia? La ley de quiebra nace del Código de Comercio —una legislación muy antigua— que no se acopla a la realidad de una empresa. Actualmente no es raro que una compañía pase por un estado de crisis económica. Hasta antes del 2 de enero de este año, sus acreedores solo tenían la posibilidad de solicitar la quiebra por los incumplimientos de sus obligaciones. La empresa entraba en un proceso de iliquidez y de allí no salía nunca. La nueva norma permite que la empresa en estado de insolvencia pueda solicitar un auxilio al juez para reorganizarse y seguir con sus obligaciones. Entre los beneficios que puede recibir la empresa que haga la solicitud está la suspensión de los intereses de todas las obligaciones con sus acreedores para que la compañía pueda tomar un oxígeno y siga en el ejercicio de la operación de su negocio. Las empresas que entren en un estado de iliquidez futura o en cesación de pagos actuales que se acojan a esta regularización pueden seguir licitando con el Estado, lo que antes no era permitido. ¿Esta ley aplica para todas las empresas o existen excepciones?
La ley aplica a casi todas las empresas, excepto aquellas en las que el Estado tiene más del 51% de acciones. En las que están reguladas, como las superintendencias de Bancos, de Seguros y Reaseguros de Panamá, del Mercado de Valores. Así como aquellas que brindan servicios públicos, ya que tienen leyes especiales que regulan su situación de liquidez. Puede ser persona natural o jurídica inscritas o no en el Registro Público y aplicarlo a agencias, sucursales en cualquier empresa domiciliada en Panamá. Las empresas que apliquen para acogerse a la Ley 12 deben tener la posibilidad real de salvarse, lo que se determina con la asesoría de los contadores públicos autorizados y los financistas, quienes tienen que presentar los estados financieros de la compañía de su último ejercicio fiscal y los interinos del último trimestre al juzgado para que sea analizado. Una vez admitido el proceso de reestructuración se nombra a un administrador concursal que hace un análisis de la situación de la empresa y determina la viabilidad de este proyecto. En caso de que este sea admitido, se convoca a todos los acreedores a quienes se les presentan los planes de reoganización de la empresa, y ellos tendrán la potestad de modificar, aprobar o no el plan. El proyecto debe aprobarse por un mínimo de 66% de los acreedores de los pasivos de la empresa. Tras aprobarse el plan, entran las figuras que van a ejecutar el proyecto de acción de reestructuración de la empresa, cuya función es supervisar e informar al juez si se cumplió o no el plan. Estas figuras pueden ser el mismo deudor o una persona designada por los acreedores. Una vez que se logra el objetivo de sacar a la empresa de la quiebra en el periodo estipulado para ello, se comunica este hecho al juez y automáticamente se levanta el proceso de reestructuración y la empresa continúa normalmente sus operaciones. ¿Qué ocurre si la empresa no logra salir de la quiebra? La persona designada para supervisar el proceso notifica al juez de esta situación y los acreedores tienen la posibilidad de presentar demandas directas contra la empresa o iniciar un proceso de liquidación contra la compañía. También existe la posibilidad de que una vez iniciado el proceso de liquidación —si los acreedores lo consideran oportuno y viable económicamente— puede regresarse al proceso de reorganización, para que la empresa continúe sus operaciones. La ley de quiebra es un salvavidas que busca darle oxígeno a las empresas que están en crisis económica, que al tomar algunas medidas con apoyo judicial puedan salir de este atolladero para seguir con el negocio.
