Desarrollo, Infraestructura e Inversión a través de las Asociaciones Público - Privadas (APP)
Las Asociaciones Público-Privadas, también conocidas como APP, son una modalidad de vinculación entre una entidad pública y empresarios o inversionistas privados por medio de la cual se reúnen esfuerzos y aportes con el fin de desarrollar, mantener, mejorar y operar grandes obras de infraestructura pública.
Mediante esta figura, el inversionista privado se encarga del financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de una obra, a cambio de una retribución a largo plazo a cargo de la entidad pública contratante o del usuario final del servicio, lo que permite el desarrollo de grandes obras sin que ello requiera que el Estado desembolse fondos sustanciales a corto plazo. Dentro de los proyectos que se ejecutan a través del modelo APP se encuentran, entre otros: la construcción de carreteras, puentes, aeropuertos, sistemas de saneamiento y tratamiento de agua y sistemas de transporte masivo (metro o metro-cable).
Teniendo en cuenta las necesidades de infraestructura en el país, mediante la Ley 93 del 19 de septiembre de 2019, se creó en Panamá el “Régimen de Asociación Público-Privada para el Desarrollo como incentivo a la inversión privada, al desarrollo social, y a la creación de empleos.” El objetivo de la Ley es ajustar el marco institucional y regulatorio para el desarrollo de proyectos APP, con el fin de impulsar la construcción de grandes proyectos de infraestructura y servicios públicos.
Con la Ley 93 de 2019, se regula la creación y desarrollo de proyectos conjuntos entre las entidades públicas (incluyendo las sociedades mercantiles en las que el Estado tenga participación igual o mayor al 51%) y empresarios privados, siempre y cuando el valor del proyecto sea superior a quince millones de Balboas —salvo que se trate de proyectos municipales—, es decir, este tipo de vinculación está reservado para grandes obras de infraestructura con un alto impacto en el suministro de servicios públicos.
Así mismo, la Ley 93 de 2019 crea instituciones encargadas especialmente del desarrollo de esta clase de proyectos como la Secretaría Nacional de APP, el Comité Consultivo para las APP y el Ente Rector de las APP que tendrá dentro de sus funciones formular proyectos, elaborar pliegos de cargos y modelos de contratos de APP, así como la aprobación de este tipo de proyectos, entre otras. Para seleccionar a los contratistas de APP se tendrán en cuenta criterios objetivos, de tal forma que el proponente que cumpla con los requisitos y presente la oferta económica más conveniente para la entidad pública será a quien se adjudicará el contrato, el cual tendrá una duración máxima de 30 años, prorrogable por 10 años adicionales.
Esta nueva regulación busca que el país se convierta en un mercado competitivo para atraer inversión extranjera para proyectos APP, pues, de acuerdo al estudio “Evaluando el entorno para las asociaciones público-privadas en América Latina y el Caribe” adelantado en el 2019 por la revista The Economist y comisionado por el Banco Interamericano de Desarrollo, Panamá ocupó el puesto 14 dentro de los 21 países de la región con mejor entorno para la inversión privada en infraestructura a través de APP.
El estudio mencionado destacó que Panamá no contaba con una legislación especial sobre APP y para esta clase de proyectos usaba la ley general de contratación pública, a la que señaló de ineficiente y carente de transparencia. A diferencia de Panamá, los países que ocuparon los primeros lugares del estudio cuentan con regulación específica para el desarrollo de esta clase de proyectos desde hace varios años, por ejemplo, Chile que ocupó el primer puesto cuenta con legislación sobre el desarrollo de proyectos APP desde 1996 y la actualizó en 2017 y Colombia que quedó en segundo lugar tiene una ley que regula el marco de las APP desde 2012. En este sentido se puede apreciar la importancia de la Ley 93 de 2019, pues subsana algunas de las falencias existentes dentro del marco normativo, buscando que Panamá se posicione dentro de la región como un país llamativo para el desarrollo de esta clase de proyectos, y se espera que inversionistas privados aporten experiencia, conocimientos, tecnología y capacidad financiera, fomentando la creación de empleos y movilidad económica, mientras se avanza con la construcción de grandes obras de infraestructura necesarias para satisfacer de la mejor manera el suministro de servicios públicos a los ciudadanos.
Finalmente, debe destacarse que El Secretario Nacional de la Asociación Público-Privada, Saleh Asvat, manifestó a inicios de enero de 2020 que el gobierno panameño espera tener lista la reglamentación de la Ley 93 de 2019 para el primer trimestre del año en curso. Una vez se reglamente la Ley se podrán tramitar cuatro grandes proyectos APP que se tienen programados para iniciar en el 2020.
Pueden consultarse los documentos en los siguientes enlaces:
